El sector forestal muestra su malestar y desencanto con la reforma de la Ley de Montes

En una jornada de debate organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Naturalrepresentantes del sector forestal han coincidido en que esta reforma es una oportunidad perdida para impulsar la gestión sostenible de los montes al norecoger ninguna de las demandas principales que el propio sector ha hecho al Ministerio: una fiscalidad propia y el reconocimiento de las competenciasprofesionales.

En dos cuestiones fundamentales para los profesionales y propietarios forestales, nueva fiscalidad y competencias profesionales, se han impuesto los criterios técnicos de dos ministerios ajenos al medio natural: Hacienda e Interior y la Oficina Económica del Presidente en el Palacio de La Moncloa.
Los intereses de ministerios y de técnicos que no conocen las circunstancias, necesidades y características del monte y del sector forestal han decidido en cuestiones básicas que deberían ser las razones que justifiquen la necesidad de una nueva ley.

La conclusión es que no ha habido la voluntad política necesaria para hacer una ley que impulse el sector forestal, favorezca la gestión sostenible de los montes mediante la elaboración de planes de ordenación y demás instrumentos técnicos de gestión, sea el motor del desarrollo rural y la garantía legal de cualquier plan de activación del sector.
Por otro lado, si admitimos que sí ha habido voluntad política por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la conclusión es que esa voluntad tiene muy poco peso dentro del Gobierno de España. Otros ministerios han impuesto sus voluntades e intereses.

Representantes de la investigación científica forestal y la universidad, de las empresas, de los colegios profesionales, los agentes ambientales y los propietarios forestales coinciden en cuestionar la necesidad de hacer esta ley para retocar solo algunos aspectos "menores", o incluso colaterales, y no ser el trampolín que dé el impulso que el sector forestal y la gestión de los montes necesitan.

La pregunta que se quedó sin respuesta fue, viendo los pobres resultados de esta reforma, ¿habrá que hacer otra ley dentro de cuatro o cinco años?.
A nadie del sector forestal le parece sensato modificar una Ley Básica del Estado constantemente para no hacer nunca la reforma que los montes necesitan.

Breve resumen de las ponencias de la jornada sobre la Ley de Montes celebrada el 17 de junio en la escuela Universitaria de Ingeniería Forestal de Madrid

• José María Solano, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Justificó la necesidad de esta reforma en la necesidad de adaptarse a la nueva Directiva Europea sobre el Mercado de Madera, a la necesidad de dar cobertura legal a los Montes de Socios, a la necesidad de valor a los montes y a su aprovechamiento, de reconocer la gestión de los propietarios forestales y de aligerar de trámites burocráticos la gestión forestal.
En su opinión, "si no hay más montes ordenados es porque algo no funciona en la anterior ley. No es suficiente con exigirlo en la ley hay que incentivarlo", por eso han decidido quitar la obligación de ordenar los montes privados y lo dejan solo para montes públicos.
Una de las principales aportaciones de la ley es la catalogación de los montes y su consideración como infraestructuras verdes.

Eliminar en esta nueva ley la obligación de mantener el uso de un suelo quemado treinta años después del incendio "es para evitar la picaresca de que utilicen el fuego para impedir el desarrollo de infraestructuras fundamentales para el país, como puedan ser el tren de alta velocidad, por ejemplo".

• Rafael Serrada de la Sociedad Española de Ciencias Forestales

En su opinión, la laguna está en los reglamentos que deberían acompañar a las leyes, porque sigue vigente el del año 1962 en el caso de la Ley de Montes.
Hay que partir de la consideración de que la ley no es un fin, es una herramienta para establecer la política forestal de un país.

Y se pregunta ¿qué hay que pedir a la ley de montes?. Para la SECF son cuatro cuestiones:
- Que potencie el desarrollo rural, solo se corta el 35% del crecimiento anual, con esta reducida corta se está desaprovechando una gran cantidad de madera en el monte.
- Que incremente cohesión interterritorial para evitar riesgos en los montes, especialmente en cuestiones de plagas y enfermedades forestales, así como en incendios.
- Potenciar que el sector forestal existe porque parece que está desaparecido. No tiene visibilidad social y los ciudadanos no conocen y, por tanto, no valoran la necesidad de su gestión y conservación.
- Superar la falsa dicotomía entre aprovechar y conservar. Son complementarias y no puede entenderse la una sin la otra.

En su opinión, la reforma actual se ha dedicado a remendar lagunas y a disimular la falta de aplicación de la ley de 2003, además de atender a otros sectores cercanos como puedan ser: montes de socios, caza e infractores, comercio de madera ilegal en Europa, etc.

De las enmiendas de la secf solo han aceptado las de semántica y alguna de contenido pero no las importantes.

Y se mostró muy crítico con que se elimine la obligación de acotar al pastoreo una zona incendiada, puesto que la entrada de ganado eliminará cualquier brote verde de las semillas del bosque incendiado.

• Juan Carlos Álvarez, de REMUFOR, Red de Municipios Forestales

Desde 2003 la ley de montes reconoce unos beneficios ambientales a los montes pero no los desarrolla.
En su opinión, si ya hemos admitido que el que contamina paga, deberíamos dar el siguiente paso y reconocer que el que descontamina debe cobrar, en alusión a la fijación de carbono que hacen los bosques españoles.
Para Juan Carlos Álvarez, lo forestal ha perdido un enorme peso en la administración pública española, tanto en la General del Estado como en las propias comunidades autónomas. Hay una "atomización administrativa forestal, falta una dirección general de política forestal en la Administración General del Estado. Falta visibilidad política y social y así es muy difícil que el sector tenga la atención que se merece". En su opinión, "esta atomización hace que en ocasiones no seamos capaces de saber si el dinero que debe llegar a la gestión de los montes realmente llega o se pierde en otras actuaciones que nada tienen que ver con los montes".
Fue muy crítico con las situaciones en las que los forestales desarrollan su trabajo, "alejados del monte y enterrados en papeles en su despacho", reducidos en muchas ocasiones a un trabajo administrativo.

• Patricia Gómez de COSE

"Hemos pedido una fiscalidad que ayude a gestionar los montes para atraer la inversión que necesitan y el resultado ha sido, una vez más negativo, a pesar de los beneficios ambientales, económicos y sociales que el monte nos proporciona. El sector necesita una reforma fiscal en toda regla y lo que pedimos son solo incentivos fiscales y aún así ha sido rechazado por el Ministerio de Hacienda".
Los incentivos fiscales permiten un retorno a la administración vía cuotas de seguridad social por nuevos empleos y por el ahorro en la prestación del desempleo. "Está comprobado que una adecuada fiscalidad permitiría invertir en los montes a los propietarios forestales y supondría más empleo y más recaudación para las arcas del Estado".
Para Patricia Gómez, "los políticos y la sociedad en general parecen no saber que el principal beneficio de los montes es el bienestar humano, y siguen sin favorecer la inversión en ellos".

• Javier Loscertales de la Federación Española de Asociaciones de Empresas Forestales y del Medio Natural (FEEF)

Coincidió con los ponentes anteriores en que la reforma de la Ley de Montes carece de una adecuada fiscalidad. Repasó el Diario de sesiones del congreso de los Diputados donde se debatió la ley para concluir que con unos políticos con un desconocimiento tan grande de lo que son los montes y necesita el sector forestal "es imposible que salga una buena ley, por muy bien redactada que esté desde el punto de vista técnico". Para Loscertales, "el monte público está abandonado, falto de inversión pública y de compromiso político. El sector forestal no interesa a nadie porque los primeros que no nos ponemos de acuerdo somos los actores principales del mismo".

"En definitiva -añadió- tenemos una nueva ley que no cambia demasiado lo que teníamos, pero seguimos sin inversión pública en los montes y, sin esta inversión, no servirá de nada ninguna ley".

• Ignacio Pérez Soba del Colegio de Ingenieros de Montes

"Esta reforma de la ley montes da un pasito para adelante y dos para atrás"
Repasó las alegaciones que ha presentado su Colegio, la mayor parte de ellas rechazadas, para concluir con algunas consideraciones muy concretas:
- La ley confunde gravemente entre ordenación de montes y gestión forestal sostenible
- La base de esta ley debería ser la defensa de la propiedad forestal pública y privada.
- La reforma de 2006 que prohibía construir en suelo quemado hasta treinta años después del incendio fue un error porque creó efectos nocivos. Pero la solución que da la reforma de ahora no es mejor porque solo pone un parche a esta ley. En su opinión "era mejor la ley 2003 que prohibía desde que se quemara en adelante".
Y concluyó con los dos grandes caballos de batalla en los que coincide todo el sector: fiscalidad y profesionalidad.
Para Ignacio, "el sector forestal no existe por eso no existe una fiscalidad para él. Debe crearse una fiscalidad propia que anime a los propietarios a invertir en ordenar los montes y a gestionarlos".
Y en cuanto a las competencias profesionales, la coincidencia con el resto del sector es total "el sector necesita profesionalidad, es la ingeniería que menor reserva de actividad tienen en las leyes. Decir que los instrumentos técnicos de gestión los redactarán técnicos competentes forestales o agrícolas es tanto como decir que de corazón te operará un técnico competente del área de la sanidad, médico, enfermero o farmacéutico. ¿Quiere alguien ser operado de corazón por un nutricionista?"

• Esther Ruiz de la Asociación de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA)

Recordó que la Ley Enjuiciamiento Criminal reconoce a los agentes forestales la labor de policía judicial, "somos auxiliares de jueces y fiscales", manifestó Esther.
Para los agentes, el borrador de la ley "eliminaba nuestro carácter de policía judicial y nos degradaba profesionalmente y nos relegaba a ser ayudantes de otros cuerpos de seguridad".
"Pensábamos que existía el interés de sustituirnos por vigilancia privada. Creemos que no sobra nadie en la vigilancia del medioambiente, no tiene sentido que seis mil agentes forestales o medioambientales pierdan su capacidad en beneficio de 1.800 que trabajan en el SEPRONA. En la defensa del medioambiente no sobra nadie".

• Miguel Ángel Zabala, profesor de la Universidad Alcalá de Henares

En su opinión, "la cuestión más importante que tener una nueva ley es saber qué tipo de montes quiere la sociedad española, si no estaremos reformando continuamente la ley sobre estructuras antiguas"
En su opinión, "el sector requiere innovación pero para eso se necesita dinero y eso es precisamente lo que no aparece por ningún lado".

• Raúl de la Calle, secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural

Como cierre de la jornada, Raúl, en nombre del Colegio, recordó las demandas principales del colectivo: fiscalidad propia y reconocimiento de las competencias profesionales. Y recordó la reunión del Colegio con la diputada del Grupo Popular en el Congreso, María Teresa de Lara, y su predisposición a defender estas propuestas porque, además de parecerla adecuadas, fueron las propuestas que defendió el Grupo Popular cuando estaba en la oposición en el año 2006 con la anterior reforma de la Ley de Montes. "Sin embargo se da la paradoja de que lo que le parecía estupendo al Partido Popular cuando estaba en la oposición ahora parece no interesarle cuando está en el Gobierno".
Ante la posibilidad apuntada en la jornada de que las competencias profesionales sean recogidas en las leyes forestales que deben hacer las Comunidades Autónomas bajo el paraguas de esta nueva Ley básica de Montes, Raúl recordó que "es la Constitución española es la que atribuye al Estado establecer la competencia de los profesionales para cada actividad. Por ejemplo, la Ley de Ordenación de la Edificación sí que establece quiénes deben ser los profesionales que deben hacer cada una de las actividades recogidas en la ley". Y puso como ejemplos varios proyectos técnicos firmados por otros profesionales ajenos totalmente al sector forestal y al medio natural, como son arquitectos y un ingeniero de telecomunicaciones, y cómo el Colegio ha tenido que emplear tiempo y dinero en impedir que esto suceda para defender a la profesión.
Recordó también Raúl la demanda de la nueva fiscalidad para los montes, y cómo la mayor parte del sector acababa de hacer pública una nota de prensa demandando incentivos fiscales que ayuden a la gestión sostenible.

• Una llamada a la unidad del sector forestal

Como conclusión de las jornadas, Pilar Avizanda, Decana del Colegio, agradeció a los ponentes y asistentes su participación. Y lanzó una propuesta de unidad y trabajo en común "para defender entre todos el sector forestal y la inversión en gestión sostenible en los montes españoles. Tenéis a vuestra disposición el Colegio para cualquier propuesta que vaya en esta dirección".
Pocas veces el sector forestal en su conjunto ha demandado de forma tan clara y públicamente las mismas cosas. Resta saber si mantendrá su secular atomización o será capaz de unir sus fuerzas por la defensa de una causa común: los montes.

Foto 1. A la izquierda, José María Solano, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. A la derecha, Pilar Avizanda Cuesta, Decana del Colegio
Foto 2. Ponentes de la jornada.