El pasado día 7 de julio, el Decano Territorial del Colegio en Castilla y León, D. José Antonio Gallegos Sancho y la técnico adscrita del Colegio en la Delegación, Dª Carolina Mediavilla Pérez, se reunieron con Dª. María del Rocío Lucas Navas, Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
El motivo principal de la reunión fue hablar de temas formativos, como lo referente a los Programas Mixtos de Formación y Empleo que llevan impartiéndose tres años. El Decano comento algunas quejas respecto a la forma en que se gestionan estos programas, en concreto los Programas Mixtos de temas forestales. El objetivo es que la formación que se lleva a cabo con dinero público sea una inversión óptima de futuro para el sector. En este sentido, se puso de manifiesto el descontento con los profesores que imparten estos programas formativos, ya que en muchos casos carecen de experiencia en la materia que imparten (por ejemplo el desconocimiento en el uso práctico de la motosierra, tema imprescindible para poder enseñarla a un alumno). La propia Gerente nos contó que la contratación de docentes parte de normativa estatal, no autonómica, por lo que ellos están atados de pies y manos con ciertos puntos, pero sí tomó notas de ciertas mejoras que propusimos. La gerente nos indicó que dentro de las líneas que existen en el ECYL los Programas Mixtos de Formación y Empleo son los que más aceptación tienen y que cuentan con un 40-60% de inserción laboral. Estos programas son presentados por los Ayuntamientos y en ellos no participan las Diputaciones (una montante económico lo aporta el ECYL y otra parte los propios Ayuntamientos, por lo que los municipios pequeños no pueden acceder a estos programas por falta de liquidez). Todo ello nos hace reclamar con más fuerza si cabe la necesidad de una óptima formación.
Otro punto que se trató fueron las ayudas que se han destinado a los municipios con menos de 20.000 habitantes para contratar a gente para formar cuadrillas forestales de seis meses de duración, práctica que se lleva a cabo por primera vez este año. Nuestra pregunta era porque no se ha empleado a la gente que ha recibido la formación con los programas anteriormente mencionados para cubrir estas cuadrillas. El ECYL nos cuenta que ellos hacen los sondeos de las personas que cumplen los requisitos y luego estos sondeos son enviados a la Diputación que es quién realmente hace la selección, en conversaciones con la Diputación ellos cargan toda la responsabilidad de la selección al ECYL. Si el programa formativo termino el 30 abril y las cuadrillas se formaron el 1 de mayo, obviamente los sondeos se hicieron antes del 1 de mayo, y las personas que estaban recibiendo la formación no estaban en esas fechas inscritas en el INEM, por lo tanto no pudieron formar parte de los sondeos. Como ellos se ciernen a normativa y a criterios generales del Fondo Social Europeo no nos dan otras razonas más convincentes de que esto pueda cambiar. Con estos datos entendemos que se trata de una descoordinación entre administraciones que puede solucionarse con la voluntad de todas las partes.
Por último, hablamos de la idea de crear una vinculación entre ECYL, Administración (Consejerías), Propiedad Forestal y Cooperativas Forestales en relación al empleo forestal a través de la formación. A grandes rasgos la idea sería que desde el ECYL se forme en materia forestal a personas desempleadas con el fin de que estas personas se asocien y formen Cooperativas Forestales, siempre dirigidas por un Ingeniero Técnico Forestal. Estas Cooperativas necesitan de la Administración para formarse y recibir algún tipo de ayuda, además de crear convenios con Asociaciones Forestales que son las que aparte de la Administración pueden aportar fincas forestales para poder trabajar. Se trata, como se decía anteriormente de crear una propuesta para crear empleo en las zonas rurales más desfavorecidas, pero siempre contando con la figura del Ingeniero Técnico Forestal como profesional competente que gestione estas actuaciones. Desde El ECYL nos recalcan que su campo de actuación es en municipios de más de 3.000 habitantes.
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