Diálogo entre las profesiones y competencia

Las profesiones colegiadas agrupadas en Unión Profesional (UP), entre ellas, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, se reunieron para dialogar con la subdirectora de vigilancia de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), Carmen Lillo y la subdirectora de servicios, Eva Pelayo. El objetivo primordial ha sido encontrar respuesta a planteamientos de dudas y consultas por parte de los miembros de UP, de manera que se pueda llegar a un mejor entendimiento y cumplimiento de la normativa de la Competencia en el caso específico de las corporaciones colegiales.

«Hay que mejorar la formación sobre competencia en las profesiones», reconocía el presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid, en la presentación de esta jornada, en la que se han tratado temas como las reservas de actividad, las listas de peritos, el visado profesional, las cuotas y los honorarios.

A las dudas planteadas por las profesiones colegiadas, Carmen Lillo comenzaba puntualizando la hoja de ruta seguida por la CNMC ante la necesidad de aplicación de la Ley de defensa de la competencia en todos los sectores: evaluación de la conducta para determinar si restringe o no la competencia; existencia o no de exención por ley; atención a la personalidad jurídica de la entidad evaluada.

Las expertas de la CNMC han insistido en diferenciar 'criterio' de 'baremo': «'baremo' lleva implícita una cantidad», informaba la subdirectora de vigilancia de la Comisión. La CNMC es partidaria de los criterios y no de los baremos orientativos: «el colegio puede tener su baremo (preferiblemente en formato 'horquilla'); el problema es recomendarlo».

Por su parte, desde las profesiones sanitarias se ha planteado los bajísimos honorarios que se imponen al prestarse los servicios a través de intermediarios, lo que supone graves perjuicios para el profesional y desde luego para el cliente-paciente, que tendrá que ser atendido en tiempos totalmente insuficientes.

Además, la subdirectora de vigilancia ha precisado que la CNMC es competente solamente en el caso de normas inferiores a rango legal, pudiendo recurrir éstas pero no siendo usual porque, entre otras cuestiones, por el largo tiempo de resolución.

Con respecto a las consultas o solicitudes de información, tanto Lillo como Pelayo han aclarado que solamente vinculan aquellas que se llevan a cabo a través de cauces oficiales, recibiendo en este caso, la respuesta en forma de informe.

Debido al interés suscitado, los miembros de UP serán convocados a próximos encuentros con las subdirectoras de la CNMC en las que se tratarán otros temas que por cuestiones de tiempo, en esta ocasión, no pudieron tratarse.

Durante la reunión, se han aportado por parte de la CNMC las cifras de los expedientes cerrados con respecto a colegios profesionales: aproximadamente 144 expedientes, a los que hay que sumar 60-70 casos en vías de resolución.

La CNMC concede especial relevancia a la labor de los Consejos Generales/Superiores y Colegios Nacionales, pues deben ser quienes «orienten a sus colegios profesionales en sus prácticas». De ahí, que el presidente de Unión Profesional, defienda la existencia de una Ley de Consejos, para activar mecanismos de este tipo de manera legal, puesto que estas corporaciones «son una herramienta muy útil y adecuada al servicio de la unidad de mercado».

Para finalizar Ludevid se ha referido a la necesidad de competir, no tanto por precio, sino por calidad, con el fin de «preservar los valores profesionales y trabajar por el interés general». Y así aconsejó reflexionar sobre los valores de ética y conocimiento que las profesiones introducen en la economía.

En representación del Colegio, asistió Raúl de la Calle, Secretario General.